La Resolución del Senado 53, presentada por el portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, busca investigar la práctica de «plugola» en los medios de comunicación de Puerto Rico. Este concepto hace referencia a la promoción encubierta de productos o ataques dirigidos sin que la audiencia sepa que hay un pago o beneficio de por medio. Sin duda, este es un tema que debe ser atendido, ya que la credibilidad de los medios de comunicación depende de la transparencia y la ética de sus comunicadores.
Sin embargo, aunque la intención de erradicar la manipulación mediática suena necesaria, este tipo de medidas pueden fácilmente cruzar la delgada línea entre la regulación legítima y la censura gubernamental. En un momento en que la libertad de prensa y de expresión están constantemente bajo escrutinio, surge la preocupación de si este tipo de legislación podría ser utilizada como una herramienta para controlar o silenciar voces críticas bajo la excusa de regular la ética periodística.
La propuesta de Matías Rosario tiene como fundamento el evitar que figuras mediáticas reciban dinero o favores a cambio de influir en la opinión pública de manera engañosa. No cabe duda de que las audiencias tienen derecho a información transparente y veraz. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿quién decide qué es un ataque injustificado y qué es una denuncia legítima? En un sistema donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental en exponer corrupción y abusos de poder, el riesgo de que esta medida se convierta en un arma para sofocar la crítica es real.
La historia ha demostrado que cuando los gobiernos intentan regular los medios con argumentos de «protección al público», la tentación de usar estas leyes para intimidar periodistas o analistas incómodos es muy alta. Si bien es cierto que el «plugola» es una práctica antiética, la solución no puede ser una regulación excesiva que limite el derecho de los comunicadores a expresar su opinión libremente.
Es crucial que cualquier intento de regulación sea preciso, transparente y equilibrado para evitar interpretaciones ambiguas que puedan dar lugar a persecuciones selectivas. La prensa debe tener la independencia de criticar sin miedo a represalias, y cualquier política que pueda afectar esa independencia debe analizarse con sumo cuidado.
En conclusión, aunque la Resolución del Senado 53 pretende mejorar la ética en los medios, es imprescindible que no se convierta en un instrumento de censura disfrazada. Se debe erradicar la corrupción dentro del periodismo, pero sin sofocar la libertad de expresión. La transparencia no puede ser un pretexto para limitar la verdad.