Artículo para Tiva TV
San Juan, Puerto Rico — En una impactante revelación que ha sacudido el debate sobre libertades civiles en los Estados Unidos, la actual directora de Inteligencia Nacional bajo la administración Trump, Tulsi Gabbard, ha denunciado que fue objeto de vigilancia federal por parte del gobierno de Joe Biden, en aparente represalia por su oposición pública a las medidas relacionadas con la pandemia del COVID-19.
Según documentos revelados por el senador Rand Paul, Gabbard fue colocada en la lista de vigilancia del programa «Quiet Skies», una iniciativa de la TSA supuestamente orientada a identificar amenazas potenciales a la seguridad. Sin embargo, en el caso de Gabbard, no existía ninguna justificación de seguridad nacional: su inclusión en la lista parece haber sido puramente motivada por razones políticas, especialmente por haber cuestionado la narrativa oficial sobre las vacunas, las cuarentenas y los mandatos sanitarios.
“Este tipo de prácticas son propias de regímenes autoritarios, no de una república libre. Se está utilizando el aparato federal para silenciar y vigilar a ciudadanos por ejercer su libertad de expresión”, declaró Gabbard en una entrevista reciente.
El seguimiento incluyó la presencia de agentes federales siguiéndola durante vuelos domésticos, una medida que Gabbard calificó como intimidación directa. «No me estaban investigando por haber cometido un delito, sino por hablar», aseguró. Esto, en el lenguaje boricua, no es otra cosa que carpeteo: una práctica que muchos en Puerto Rico conocen bien por su uso histórico para silenciar opositores políticos.
Este episodio ha reavivado la discusión sobre la politización de las agencias federales, el uso del aparato de inteligencia contra ciudadanos y la urgente necesidad de reformas que protejan los derechos fundamentales en los Estados Unidos.
¿Estamos volviendo a los días oscuros del carpeteo, ahora con tecnología más sofisticada y bajo el disfraz de “seguridad”?
Desde Tiva TV, seguiremos dando voz a quienes se atreven a denunciar estos atropellos y a exigir transparencia, justicia y respeto a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, sin importar su ideología.
Fuentes: