Por [José Joe Vargas], para [TiVa Tv], 29 de junio de 2025
Washington, D.C. – 27 de junio de 2025, Estados Unidos es un país donde aproximadamente solo el 28% de sus habitantes han leído su propia Constitución, según un estudio del Montpelier’s Center for the Constitution, publicado el 11 de agosto de 2024, y en este ambiente de desconocimiento, la ciudadanía se enfrenta a un debate social donde la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo, que aunque nos parece acertado, limitó la capacidad de jueces federales para que estos no pudieran emitir medidas cautelares a nivel nacional, contra las órdenes ejecutivas hechas por el presidente Donald Trump. Pero este escenario no es entendido por la mayoría de la sociedad, quienes desconocen que a la vez, esto crea un precedente donde en futuros escenarios, cuando un presidente quiera violar derechos, como lo hizo Joe Biden, al intentar poner restricciones contra quienes no querían vacunarse, tendremos menos recursos jurídicos para defendernos de Órdenes Ejecutivas Inconstitucionales, como sucedió durante la pandemia.
En el presente, la Orden Ejecutiva de Trump busca restringir la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Esta decisión ha reavivado el debate sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda y el propósito de la Constitución como garante de derechos. Este debate nace al leer en redes sociales el desconocimiento de la ciudadanía sobre la aplicación y utilidad de la constitución, donde las personas, que en su mayoría no la han leído, parecen desconocer que ningún presidente —ni Bill Clinton, ni George W. Bush, ni Barack Obama, ni Joe Biden, ni tampoco Trump— tiene el poder ni autoridad para contrariar un documento diseñado para ampliar libertades, no restringirlas.
Este debate sucede en un ambiente polarizante, que busca por medio de la fuerza justificar la necesidad de que para establecer un «Nuevo Orden Americano» se debe, por medio de obediencia al Presidente, apoyar Órdenes Ejecutivas aunque estas vayan contra derechos dados por la constitución.
Sobre este argumento basado en la fuerza que puede ejercer el Estado para promover estos límites, Thomas Jefferson advirtió que: “cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad; cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía.” Por lo que el orden social requiere que los habitantes de USA ejerzan el deber de resistir cualquier intento de violar la Constitución, un principio reforzado por una reciente demanda de organizaciones de derechos civiles contra restricciones a protecciones constitucionales para inmigrantes en procedimientos de deportación (The Hill, 15 de junio de 2025).
La Decimocuarta Enmienda, de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residan.” Creada para garantizar la ciudadanía a los descendientes de esclavos liberados —personas sin estatus ciudadano ni origen estadounidense—, sin importar su situación migratoria. Desde una perspectiva conservadora, alineada con los principios de la Nueva Derecha, podemos ver que la propuesta de Trump busca proteger la soberanía nacional frente a la inmigración ilegal, estimada en 11 millones de personas. Sin embargo, la aplicación contra la emigración ilegal debe hacerse dentro del marco constitucional. Por lo que el conservadurismo exigirá que cualquier cambio en la ciudadanía por nacimiento respete el espíritu expansivo de la Constitución. “El propósito de la Constitución es limitar el poder del gobierno y asegurar los derechos del pueblo,” escribió James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos (1809–1817) y uno de los Padres Fundadores de la nación, conocido como el «Padre de la Constitución», una voz que emerge en este debate que busca reducir la amplitud de las libertades y procesos para el reconocimiento de los ciudadanos americanos por razón de nacimiento.
Revocar ciudadanías ya otorgadas o alterar el principio de jus soli —la ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense— contradice la historia del proceso de ciudadanía, y debilita la fuerza de las ya reconocidas, creando un ambiente de inestabilidad social al fraccionar a los habitantes de los Estados Unidos, a la espera de una decisión judicial, para ver si su estabilidad nacional se respeta o si persevera una contradicción contra la Carta Magna de los Estados Unidos.
En este escenario, leemos opiniones basadas en la ignorancia sobre el propósito de las constituciones, que nos advierten de políticos que buscan manipular el discurso para reducir libertades ya conquistadas, presentando medidas restrictivas como soluciones necesarias. La narrativa de que la ciudadanía por nacimiento incentiva la inmigración ilegal apela a preocupaciones legítimas, pero ignora que la Decimocuarta Enmienda fue diseñada para incluir a personas que por diversas razones, sus padres no son nacionales, y en ninguna parte excluye a inmigrantes ni cualquier demográfico que al presente se discute. Cambiar esta tradición mediante una orden ejecutiva, como señaló el exembajador John Bolton en 2018, excede la autoridad presidencial y viola la separación de poderes. La Nueva Derecha defiende la soberanía y el orden, pero reconoce que cualquier ajuste en la interpretación de la ciudadanía debe pasar por el Congreso o los tribunales, respetando el marco constitucional que esta orden de Trump viola en su principio.
Aunque Alexander Hamilton, en El Federalista No. 78, subrayó que “la independencia de los jueces es esencial para proteger la Constitución y los derechos de los individuos contra los abusos del poder legislativo o ejecutivo”, es importante recalcar que además de exigir que los jueces actúen por separado evitando ser subordinados por el ejecutivo, tenemos que entender que el poder judicial históricamente ha llegado a doblegarse a presiones presidenciales, lo que nos obliga a ser nosotros quienes fiscalicemos y seamos los garantes de las libertades y deberes constitucionales. La propuesta de limitar la ciudadanía por nacimiento, si bien responde a la necesidad de un sistema migratorio ordenado, es la forma violenta y extrema que propone Trump lo que arriesga abrir la puerta a futuras restricciones de derechos bajo pretextos similares.
George Mason, en 1787, advirtió que “ningún pueblo libre debe permitir que su gobierno se vuelva absoluto,” un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana en casos como estos, que no consideran de forma lógica y noble los efectos que esta medida le provoca a familias que hoy día son parte esencial de la fuerza trabajadora del capital humano en USA.
Es por esto que la educación cívica es crucial para evitar que la ignorancia constitucional derive en una “tiranía,” donde decisiones populistas erosionen las libertades. El conservadurismo fomenta que los cambios se realicen de forma estudiada, y no sean producto de procesos rápidos que impidan el análisis del efecto social que provocaría el cambio.
En este escenario, la Nueva Derecha aboga por un retorno a los principios fundacionales —soberanía, legalidad y respeto por la Constitución—, pero siempre priorizando la ampliación de derechos. Como afirmó Jefferson, “la vigilancia eterna es el precio de la libertad.” En un momento en que el debate sobre la ciudadanía divide a la nación, Estados Unidos debe actuar con claridad, defendiendo los derechos constitucionales y su legado como faro de libertad, a través de un proceso legislativo que honre la separación de poderes y el propósito histórico de la Constitución. Y en caso de que estos poderes, no respetarsen los derechos claramente establecidos, es deber de cada persona defenderlos de cualquier persona que intente menoscabarlos. Pero para hacer esto, el primer paso es leer, para que cada persona por si mismo, conozca de forma informada lo que debe ser defendido.