La Escuela S.U. María C. Santiago en Comerío, en colaboración con el Departamento de Salud, ha anunciado una feria de salud en la que se estarán administrando vacunas contra el COVID-19 y la influenza a los estudiantes en las mismas instalaciones escolares. Este tipo de eventos, en apariencia voluntarios, han despertado preocupación entre padres y ciudadanos debido a los procedimientos exigidos para la participación.
En la carta enviada para anunciar esta iniciativa, se solicita a los padres que provean información sobre sus planes médicos y firmen una autorización para la vacunación de sus hijos. Sin embargo, este proceso dista de cumplir con el concepto de consentimiento informado, ya que el documento de autorización debe ser entregado previamente firmado. Esta práctica pone en duda si realmente se proporcionará a los asistentes una explicación detallada sobre los posibles efectos adversos de estas vacunas, un derecho esencial en cualquier tratamiento médico.
Además, la ejecución de este evento dentro de la misma escuela convierte la decisión de vacunarse en un acto bajo presión. Aunque se presenta como una actividad opcional, el contexto escolar genera una dinámica de coerción que podría influir en la decisión de los padres y estudiantes. La relación médico-paciente, esencial para evaluar la necesidad y seguridad de cualquier tratamiento, se ve eliminada en este proceso, donde se aplican vacunas de manera generalizada sin una consulta médica previa y personalizada.
Otro punto de preocupación es el componente financiero detrás de estas iniciativas. Al tratarse de productos farmacéuticos que tienen un costo, es evidente que estas vacunas serán facturadas a través de fondos privados, públicos o una combinación de ambos. Este escenario levanta interrogantes sobre la posible comercialización de productos médicos dentro de las instituciones educativas, un espacio que debería estar exento de cualquier tipo de presión comercial o de promoción de la industria farmacéutica.
La salud es un derecho individual y debe ser manejada de manera privada y con el asesoramiento adecuado. Quienes requieran vacunas o cualquier otro servicio médico pueden acudir a sus proveedores de salud, ya sea en el sector privado o a través de los programas gubernamentales. En la consulta médica, bajo un entorno de privacidad y confidencialidad, se garantiza una orientación adecuada y se toma una decisión basada en la necesidad específica de cada persona.
Es fundamental cuestionar la promoción de productos farmacéuticos dentro de las escuelas y asegurarnos de que la salud pública no se convierta en un negocio disfrazado de buenas intenciones. La educación debe fomentar el pensamiento crítico y el respeto por las decisiones individuales en temas médicos, garantizando que cualquier intervención sea verdaderamente informada y libre de presiones externas.