Por la Redacción de Tiva TV
Durante los años en que se impusieron los mandatos sanitarios por la llamada pandemia, miles de puertorriqueños vieron desaparecer sus negocios, perdieron sus empleos y con ello, la estabilidad de sus hogares. Estas medidas, promovidas como necesarias por el gobierno, resultaron ser —con el paso del tiempo— excesivas, desproporcionadas y, en muchos casos, científicamente injustificadas.
A pesar de que ahora salen a la luz estudios que desmienten la eficacia de muchos de esos mandatos, y mientras se reconoce que las restricciones fueron excesivas, nadie ha pedido perdón ni mucho menos ha ofrecido compensación a los comerciantes, empleados y familias afectadas.
Mientras las pequeñas y medianas empresas eran obligadas a cerrar o limitar sus operaciones bajo estrictas reglas, las grandes cadenas multinacionales continuaban abiertas, incluso con privilegios que les permitían operar sin las mismas exigencias. Esta disparidad no fue casualidad. Fue una política deliberada —o cuanto menos, consentida— que creó una ventaja artificial para los grandes intereses, mientras los negocios locales eran llevados a la ruina.
Muchos trabajadores —vacunados o no— también sufrieron consecuencias irreparables. El desempleo, el cierre de industrias enteras y la marginación por decisiones personales de salud fueron parte de una agenda que nunca tuvo en cuenta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se criminalizó la disidencia, se burlaron del consentimiento informado y se premiaron a los que sirvieron de agentes de propaganda.
¿Dónde están ahora los líderes que nos encerraron, que nos señalaron, que nos dejaron sin ingresos ni alternativas? Callan. Y no hay propuestas reales de reparación para un pueblo que pagó el precio más alto: la salud mental, la economía y la dignidad.
Ha llegado la hora de exigir compensación y rendición de cuentas. No solo por los cierres arbitrarios, sino por la violación de derechos constitucionales, por el trato desigual, y por la evidente colusión entre el gobierno y sectores privilegiados. Los responsables deben responder, y el pueblo merece justicia —al menos, económica— por tanto daño causado.