El 17 de marzo de 2025, se llevó a cabo en Barcelona el primer juicio en Cataluña relacionado con los posibles efectos adversos de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. El demandante, Pedro García, un profesor de Física y Química de 50 años y residente de Santa Coloma de Gramenet, sufrió dos trombos—uno en el pulmón y otro en el hígado—tras recibir la vacuna en febrero de 2021. Estos incidentes le llevaron a una semana en la UCI y a un mes de hospitalización en total.
García reclama que su situación sea reconocida como una contingencia laboral, argumentando que, como docente, fue considerado personal esencial y, por lo tanto, priorizado en el plan de vacunación estatal sin posibilidad de elegir otra vacuna. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) reconoció su caso como un posible efecto adverso de la vacuna.
Este juicio es significativo, ya que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad del Estado en casos similares, especialmente considerando que la vacunación fue promovida como un deber ético y moral para ciertos colectivos profesionales.