La tercera causa de muerte en los Estados Unidos y Puerto Rico está relacionada con lo que se conoce como muertes iatrogénicas, es decir, fallecimientos causados por errores médicos, efectos adversos de medicamentos y tratamientos hospitalarios. Cada año, entre 250 mil y 400 mil personas pierden la vida debido a este tipo de negligencia médica, superando significativamente a muertes causadas por la influenza, COVID-19, diabetes, y muchas otras condiciones de salud comunes.
Algunos expertos incluso alegan que las muertes iatrogénicas podrían ser la principal causa de muerte, ya que muchas veces estos fallecimientos son atribuidos erróneamente a otras causas con el fin de evitar investigaciones que podrían derivar en demandas judiciales contra médicos, hospitales y farmacéuticas. Esta problemática se considera uno de los mayores desastres sanitarios a nivel global, especialmente preocupante al considerar que muchos pacientes sobreviven pero quedan afectados de por vida por condiciones totalmente prevenibles.
En Puerto Rico, la situación podría ser aún más grave debido a la ausencia de un sistema confiable de supervisión en la administración de tratamientos médicos. Mientras tanto, Iris Cardona, Victor Ramos y el Departamento de Salud, responsable de prevenir estos casos mediante orientación, monitoreo y otras técnicas preventivas, parece más enfocado en actuar como promotores gratuito de farmacéuticas, validando vacunas y otros productos médicos. ¿Por qué sucede esto? La respuesta se encuentra fácilmente al observar cómo médicos y funcionarios gubernamentales obtienen beneficios directos e indirectos de las compañías farmacéuticas:
Beneficios a médicos:
- Honorarios por conferencias o ponencias: Médicos son invitados a eventos científicos remunerados organizados por farmacéuticas.
- Patrocinio para asistir a congresos: Se cubren gastos de viaje, alojamiento y participación, frecuentemente en destinos turísticos atractivos.
- Material educativo o de oficina: Distribuyen muestras médicas, manuales y artículos personalizados.
- Consultorías clínicas: Contratan médicos como asesores para revisar estudios y estrategias de marketing.
- Incentivos económicos indirectos: Incluyen patrocinios de investigaciones propias, donaciones hospitalarias o ayudas para formación académica.
Beneficios a funcionarios de salud y gobiernos:
- Apoyo en programas de salud pública: Colaboran en campañas de vacunación y prevención, promoviendo indirectamente sus productos.
- Financiamiento de estudios clínicos: Involucran autoridades en investigaciones para generar evidencia favorable.
- Viajes internacionales y capacitación: Invitan a funcionarios con todos los gastos pagos para asistir a conferencias globales bajo la justificación de actualización profesional.
- Donaciones condicionadas: A hospitales o universidades, a veces vinculadas al uso específico de ciertos productos.
- Lobby político y regulatorio: Ejercen presión para influir en legislaciones, guías clínicas y procesos de compra pública.
Consideraciones éticas: Aunque estas prácticas generalmente no son ilegales, generan claros conflictos de interés que pueden comprometer la transparencia y la seguridad del paciente y del pueblo en general.
¿Ahora entiendes por qué la insistencia de nuestros funcionarios de salud en vacunar, vacunar y vacunar? ¿Siguen la ciencia o el dinero? ¿O es que ahora la ciencia es sinónimo de dinero?