Senadora Roxanna Soto propone acceso inconstitucional al poder ejecutivo para el Presidente del Senado

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16 junio 2025
Senadora Roxanna Soto propone acceso inconstitucional al poder ejecutivo para el Presidente del Senado
Por José «Joe» Vargas

San Juan, Puerto Rico – 16 de junio de 2025

La senadora Roxanna Soto Aguilú, conocida como la “Abogada Motorizada” y miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP), ha desatado una fuerte polémica tras presentar un proyecto de ley que alteraría el orden constitucional de sucesión a la gobernación en Puerto Rico. El proyecto propone que, en ausencia de un gobernador y de un Secretario de Estado, el presidente del Senado —actualmente Thomas Rivera Schatz— asuma el cargo de gobernador.

Esta propuesta, presentada el 15 de junio, contraviene directamente el Artículo IV, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, que establece una línea de sucesión compuesta por funcionarios del gabinete, no por legisladores.


¿Qué propone el proyecto?

La medida establece un nuevo orden de sucesión: si el gobernador y el secretario de Estado no pueden ejercer sus funciones, el presidente del Senado tomaría las riendas del Ejecutivo. De no estar disponible, le seguiría el presidente de la Cámara de Representantes, y solo después los secretarios del gabinete, comenzando por el de Justicia.

Este cambio implicaría que figuras electas por voto legislativo —y no por voto directo del pueblo para un cargo ejecutivo— asuman el rol de gobernador, lo cual viola el principio de legalidad y la separación de poderes. Además, se estaría modificando una disposición constitucional mediante legislación ordinaria, algo que solo podría hacerse mediante enmienda constitucional.


¿A quién beneficia?

El beneficiario directo sería Thomas Rivera Schatz, actual presidente del Senado. La propuesta lo posiciona como segundo en línea de sucesión, otorgándole la posibilidad de ocupar el cargo de gobernador de forma inmediata en caso de crisis.

Esto ha desatado especulaciones sobre un posible plan de residenciamiento contra la gobernadora Jennifer González, presuntamente orquestado por miembros del PNP afines a Rivera Schatz.


¿Reconciliación o cálculo político?

El giro político de Soto Aguilú ha sorprendido a muchos. Cabe recordar que en abril de 2025, la senadora confrontó públicamente a Rivera Schatz durante la vista de confirmación de Verónica Ferraiuoli como Secretaria de Estado. Ahora, propone una medida que lo favorece directamente.

Este aparente cambio ha sido interpretado como un intento por reintegrarse al liderazgo dominante dentro del PNP o como resultado de presiones internas de figuras que buscan retomar el poder administrativo, en especial aquellos que respaldaban al exgobernador Pierluisi.


Reacciones y críticas

La propuesta ha generado una fuerte oleada de críticas. Diversos sectores la califican como un intento de concentración de poder en figuras no electas para el cargo ejecutivo, algo que vulneraría el Art. II, Sección 1 de la Constitución, que garantiza un gobierno basado en representación directa.

La analista política Ana López opinó:

“Este proyecto fortalece a una sola persona, no nuestras instituciones”.

Por su parte, el grupo cívico Frente por la Transparencia denunció que la medida representa una amenaza directa a la democracia, al permitir que un legislador pueda asumir el rol de gobernador sin el mandato del pueblo.

En redes sociales, la reacción ciudadana también ha sido intensa. Un usuario en la red X escribió:

“¿Cómo se pasa de oponerse a Rivera Schatz a facilitarle el poder? Esto es oportunismo político”.


Rechazo desde la oposición

El senador Juan Dalmau (PIP) advirtió que esta medida vulnera el principio de separación de poderes:

“Reemplaza el criterio institucional con conveniencia partidista”.

La Alianza PIP-MVC y sectores del PPD ya han comenzado a movilizarse para oponerse a la medida. También diversas organizaciones cívicas han exigido su retiro por tratarse de una propuesta inconstitucional que compromete la estabilidad democrática de Puerto Rico.


Conclusión:
El proyecto de Roxanna Soto Aguilú no solo enfrenta obstáculos legales por su inconstitucionalidad, sino que también ha generado sospechas de maniobras políticas internas. Más allá de los nombres, lo que está en juego es el respeto al orden constitucional y a la voluntad del pueblo.

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