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Resumen del fallo: El pasado 26 de junio de 2025, el Tribunal Supremo, con una mayoría de 6‑3, falló en el caso Medina v. Planned Parenthood South Atlantic, determinando que los beneficiarios de Medicaid no tienen derecho a demandar legalmente a su estado a través de tribunales federales por la exclusión de Planned Parenthood del programa Medicaid del estado, incluso cuando esa clínica también ofrece servicios no relacionados con el aborto como anticonceptivos y pruebas de cáncer.
Detalles clave:
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El caso nació en Carolina del Sur, donde el gobernador republicano Henry McMaster ordenó en 2018 que Planned Parenthood fuera excluida del Medicaid estatutario, alegando que recibir fondos indirectamente apoyaba sus servicios de aborto.
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El juez Neil Gorsuch, por la mayoría, sostuvo que la Ley Medicaid no otorga un derecho “claro y inequívoco” para que beneficiarios puedan demandar por su elección de proveedor médico. Esta facultad corresponde al Congreso, no a los tribunales.
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Las juezas Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan presentaron una fuerte disidencia: argumentaron que esta decisión pondrá en riesgo el acceso real a servicios de salud esenciales para personas en situación de vulnerabilidad.
Impacto previsible:
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Facilita que otros estados con gobiernos conservadores emulen esta medida para retirar fondos públicos de Planned Parenthood, incluso para servicios no abortivos, lo que amenaza acceso a anticoncepción, detección de cáncer y cuidados preventivos.
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En Carolina del Sur la decisión consolidó una tendencia post-Roe vs. Wade de reducir recursos públicos para la salud reproductiva.
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También aviva el debate nacional sobre si las mujeres con Medicaid tendrán libre elección de proveedor médico y si los estados pueden definir discrecionalmente qué clínicas califican.
Conclusión:
El Supremo ha concedido a los estados la facultad de excluir a Planned Parenthood de los programas de Medicaid sin intervención federal directa. Esta decisión podría derivar en restricciones significativas en el acceso a atención médica preventiva para las personas de bajos recursos.