Redacción Tiva TV
Una reciente reforma legal en el estado de Puebla en México, ha puesto en el centro del debate regional e internacional una pregunta clave: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la violencia digital?
El Congreso poblano aprobó y ya publicó una modificación a su Código Penal, creando el delito de “ciberasedio”, que castiga insultos o humillaciones reiteradas hacia una persona a través de redes sociales u otros medios digitales. Las sanciones pueden ir desde 11 meses hasta 3 años de prisión, además de multas económicas que superan los 39 mil pesos mexicanos.
La medida ha sido presentada por sus impulsores como una herramienta para combatir el acoso virtual y proteger la salud mental de las víctimas. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil, periodistas y organizaciones defensoras de derechos digitales han expresado su preocupación por la ambigüedad del término “insulto” y el potencial riesgo de censura arbitraria.
No es un fenómeno aislado: ¿Tendencia global?
Este tipo de legislación no es exclusiva de México. Países como Alemania, Japón, Corea del Sur y Francia ya penalizan ciertos tipos de insultos o difamaciones en entornos digitales. En algunos casos, las penas pueden llegar incluso a varios años de prisión. Las autoridades alegan que estas medidas buscan frenar el discurso de odio y proteger la integridad emocional de los ciudadanos.
En Japón, por ejemplo, una reforma reciente permite hasta 1 año de cárcel por insultos en redes, mientras que en Alemania, casos públicos de sanciones por publicaciones ofensivas han generado controversia sobre los límites de estas leyes. También hay países donde insultar a figuras públicas, como presidentes o monarcas, puede significar años tras las rejas, como ocurre en Uzbekistán o Camboya.
¿Proteger o silenciar?
El debate es complejo. Por un lado, es cierto que el acoso digital ha cobrado víctimas reales y afecta gravemente la salud emocional de muchas personas. Las redes sociales han amplificado la posibilidad de ataques públicos, muchas veces sin consecuencias para los agresores.
Pero por otro lado, hay una delgada línea entre sancionar la violencia verbal y restringir el derecho a opinar, criticar o satirizar a figuras públicas o instituciones. Si el concepto de “insulto” no está claramente definido, existe el riesgo de que estas leyes se usen como herramientas para acallar voces incómodas.
¿Se puede disentir sin insultar?
En un entorno cada vez más polarizado, donde las redes sociales se han convertido en el principal espacio para el debate público, surge una reflexión inevitable: ¿es posible disentir, cuestionar e incluso criticar duramente sin caer en el insulto o la descalificación personal?
Las palabras tienen poder, sí. Pero también lo tiene la intención, el contexto y la capacidad de autocontrol que cada ciudadano puede ejercer frente a lo que considera ofensivo.
🎤 ¿Qué opinas tú?
¿Crees que estas leyes son necesarias para proteger a las personas de ataques virtuales?
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