Por Edwin González para TIVA TV
Durante décadas, Puerto Rico ha sido utilizado como un campo de pruebas médicas, muchas veces sin el conocimiento o consentimiento de sus habitantes. Desde los experimentos con anticonceptivos en mujeres pobres en los años 50, hasta las esterilizaciones forzadas, las campañas de vacunación masiva sin estudios completos, y las pruebas de medicamentos, la isla ha servido como laboratorio humano bajo la excusa del “progreso médico”. Uno de los episodios menos discutidos de este patrón es el uso de una sustancia llamada pitusina.
Pitusina: entre bisturíes y conveniencia médica
La pitusina fue una preparación farmacológica extraída de la glándula pituitaria de vacas y cerdos, usada para provocar contracciones uterinas. Contenía oxitocina, sí, pero también vasopresina y otras hormonas animales sin purificar. Se administraba a mujeres embarazadas para inducir el parto, detener hemorragias o acelerar el proceso de nacimiento.
Aunque presentada como un avance médico, la pitusina fue en realidad una herramienta de conveniencia para los ginecólogos, quienes la usaban para adelantar o programar partos según su calendario y no el de la naturaleza. Así, muchas mujeres puertorriqueñas fueron inducidas sin necesidad médica real, en un acto que beneficiaba más al médico que a la madre o al bebé.
Los efectos que no contaron
El uso de pitusina conllevaba graves riesgos para la salud de la madre y del bebé, incluyendo:
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Contracciones excesivas que podían causar asfixia fetal, ruptura uterina o hemorragias.
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Reacciones cardiovasculares peligrosas como hipertensión severa o arritmias.
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Retención de agua y desequilibrio de sodio que podía llevar a convulsiones o incluso coma.
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En casos extremos, muerte fetal o materna.
Todo esto se hacía sin los estándares modernos de monitoreo. Ni las mujeres ni sus bebés eran constantemente observados, y muchas veces, ni siquiera se les explicaba qué se les estaba administrando.
Consentimiento informado: ausente como siempre
Una constante en estos episodios de experimentación en Puerto Rico ha sido la falta de consentimiento informado. Con la pitusina ocurrió lo mismo. Las pacientes no eran informadas de los riesgos ni de que se trataba de un extracto de animales. Y peor aún, muchas veces se les aplicaba sin opción a rechazarlo.
Aunque hoy en día la pitusina ha sido reemplazada por oxitocina sintética purificada, los intereses que motivaron su uso siguen vivos. La inducción de partos continúa siendo una práctica común, muchas veces no por razones médicas reales, sino para acomodar los horarios del personal médico. Los riesgos para la madre y el bebé —como hiperestimulación uterina, sufrimiento fetal, o parto forzado— persisten, especialmente cuando no se respetan los tiempos naturales del cuerpo.
Este patrón no es un caso aislado. Es parte de una estructura sistemática de abuso médico y farmacéutico en la que se manipula la confianza de un pueblo que, por su naturaleza noble y confiada, ha sido traicionado por aquellos que debían protegerlo.
La pitusina no fue una medicina para ayudar, fue una herramienta para controlar. Y como en tantos otros casos, el cuerpo de la mujer puertorriqueña fue utilizado sin respeto, sin consentimiento y sin monitoreo, para facilitar el trabajo del médico, no para proteger la vida del bebé.
Ha llegado el momento de decir las cosas como son. De llamar a cuentas a los responsables. La medicina debe ser ética, humana y responsable, y cuando no lo ha sido, se debe denunciar y penalizar, sin excusas.