Por José “Joe” Vargas – TIVA TV
San Juan, 25 de agosto de 2025 – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció la cancelación del contrato de $168 millones con S2 Services Puerto Rico (S2PR), la compañía encargada desde 2008 de operar el sistema de escaneo de contenedores en el puerto de San Juan, sin considerar que esta decisión podría incentivar aún más el rol de la isla como puente utilizado por los carteles para el tráfico ilegal de drogas.
Un artículo de El Nuevo Día (2023) señaló que “los puertos de Puerto Rico son explotados por organizaciones criminales debido a su ubicación estratégica en el Caribe, facilitando el envío de cocaína, heroína y fentanilo desde Sudamérica hacia mercados estadounidenses y europeos”.
Una decisión presentada como ahorro
La cancelación fue justificada como una medida de ahorro para el gobierno y los consumidores. En 15 años de funcionamiento no se produjeron referidos sobre algún evento ilegal a la Policía ni al Departamento de Hacienda.
Según González, la inversión de aproximadamente $11 millones anuales nunca redundó en incautaciones de armas, drogas ni mercancía ilegal. Un informe del Contralor (2019) confirmó esta ineficacia, al indicar que en todo el periodo no se reportaron hallazgos relevantes.
El problema detrás de la “ineficiencia”
Sin embargo, esta ausencia total de hallazgos levanta interrogantes en un contexto donde la DEA ha identificado a Puerto Rico como un puente clave para el narcotráfico hacia Estados Unidos.
El National Drug Intelligence Center, parte del Departamento de Justicia, ha afirmado que Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses sirven como puntos de transbordo de drogas ilícitas hacia EE. UU., según lo reportado por la División Caribe de la DEA.
La isla ocupa el cuarto lugar entre los territorios estadounidenses con más incautaciones de cocaína, y en 2024 registró un aumento del 15% en decomisos respecto a 2022.
Que el sistema de escaneo nunca haya detectado un solo cargamento ilícito podría sugerir más que un simple fallo tecnológico. Esta falta de fiscalización en los puertos pudiera apuntar a la posibilidad de encubrimiento interno, es decir, que personal encargado de evaluar la mercancía hubiera facilitado el paso de cargamentos ilegales bajo la cobertura de un sistema formalmente ineficaz.
Narcotráfico y delitos asociados en Puerto Rico
La isla ha sido escenario de operativos como “Total Silence” (2024), en el que se arrestaron 60 personas vinculadas al trasiego de cocaína, heroína y fentanilo en Ponce.
El vacío de controles también afecta al ingreso de armas. En 2023, un operativo conjunto arrestó a 380 personas en 76 localidades por narcotráfico y venta ilegal de armas, muchas de ellas ingresadas en contenedores portuarios.
Riesgo de mayor vulnerabilidad
La cancelación del contrato con S2PR se produce en un momento en que Estados Unidos ha intensificado la presencia militar en el Caribe para frenar el tráfico ilegal.
Sin un sistema alternativo inmediato, Puerto Rico queda expuesto como eslabón débil, justo cuando más de 1.5 millones de contenedores pasan anualmente por el puerto de San Juan.
Si bien la cancelación busca eliminar un gasto ineficiente, el riesgo inmediato es que la isla quede sin ningún filtro de inspección, en un contexto donde la DEA ya ha advertido que Puerto Rico es un corredor estratégico para el crimen organizado.
Más aún, en un momento en que los carteles buscan nuevas rutas debido a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, esta decisión podría abrir un flanco aún más vulnerable para el tráfico de drogas, armas y mercancía ilegal.
👉 Este análisis refleja la preocupación sobre cómo la cancelación de un contrato que parecía ineficiente puede, en la práctica, convertirse en un boomerang de inseguridad para Puerto Rico y para Estados Unidos.