Por José Joe Vargas, con la colaboración de Olga Ocasio
San Juan, Puerto Rico – 27 de agosto de 2025 – La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha revocado la autorización de uso de emergencia (EUA) para las vacunas contra el COVID-19, una decisión que debería obligar al Departamento de Salud de Puerto Rico a tomar medidas inmediatas para alinear sus políticas de salud pública ante esta nueva disposición federal.
La revocación se centra en retirar el permiso de uso en personas menores de 65 años saludables, significando que la utilización en pacientes bajo esa edad queda detenida.
El retiro de su permiso de uso fue anunciado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y se basa en la disminución de la emergencia sanitaria, la reevaluación de la relación riesgo-beneficio de las vacunas y preocupaciones documentadas sobre los efectos adversos que provoca esta vacuna.
Razones de la revocación de la FDA
La FDA fundamentó su decisión en varios factores críticos. Primero, la emergencia de salud pública por COVID-19 finalizó en mayo de 2023, reduciendo la justificación para mantener su uso. Segundo, nuevos datos han confirmado los riesgos de efectos adversos como miocarditis y pericarditis, especialmente en varones jóvenes tras la segunda dosis, según sistemas de vigilancia como VAERS.
Además, la baja aceptación de las vacunas recientes –con menos del 25% de adultos y 12.5% de niños vacunados con las últimas dosis– y la menor efectividad contra la transmisión de nuevas variantes del SARS-CoV-2 han llevado a la FDA a concluir que la autorización de emergencia ya no es necesaria para la población general.
Acciones que deberían seguir en Puerto Rico
Ante esta decisión, el Departamento de Salud de Puerto Rico debería implementar cambios inmediatos para cumplir con la nueva directriz federal. Las medidas recomendadas suponen:
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Retiro de recomendaciones de vacunación: El Departamento debe eliminar de toda su literatura oficial, sitios web y campañas públicas cualquier recomendación o promoción de las vacunas contra el COVID-19. Esto incluye actualizar materiales educativos, guías clínicas y comunicaciones dirigidas a proveedores de salud y la ciudadanía.
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Revisión de protocolos de salud pública: El secretario de Salud, Víctor Ramos, debería emitir nuevas directrices que reflejen la suspensión de la distribución y aplicación de la vacuna.
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Gestión de inventarios de vacunas: Aunque la revocación de la EUA no implica una orden explícita de recoger todas las vacunas del mercado en Estados Unidos y sus territorios, las vacunas ya no pueden ser distribuidas ni administradas bajo la autorización de emergencia. Por lo tanto, el Departamento de Salud debería coordinar con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los fabricantes para determinar el destino de las dosis existentes en Puerto Rico.
Aunque la FDA no ha indicado que las vacunas deban ser retiradas del mercado de inmediato, su uso queda ahora restringido y las autoridades locales deben asegurar que no se administren sin una nueva autorización.
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Capacitación a proveedores de salud: Los médicos, farmacias y clínicas en Puerto Rico deberían ser informados sobre esto y poder compartir con los pacientes el nuevo estatus de esta vacuna que ha causado tantas polémicas desde el día que comenzó a utilizarse sin los debidos estudios y procedimientos de seguridad.
Implicaciones para el mercado en EE. UU. y territorios
La revocación del permiso de uso que tenía la vacuna del COVID-19 no equivale a una prohibición total de las vacunas ni a una orden de retiro obligatorio del mercado en Estados Unidos y sus territorios, incluido Puerto Rico.
Sin embargo, significa que las vacunas ya no pueden ser distribuidas ni administradas bajo la autorización de emergencia previa. Los fabricantes, como Pfizer-BioNTech y Moderna, podrían buscar una aprobación completa de la FDA para ciertos usos específicos, pero hasta que eso ocurra, el uso de estas vacunas queda suspendido.
En Puerto Rico, esto implica que las dosis almacenadas en clínicas, hospitales y farmacias no pueden ser utilizadas de manera general. El Departamento de Salud debe trabajar con las autoridades federales para determinar si las vacunas deben ser devueltas, almacenadas o eliminadas, siguiendo las normativas de manejo de productos biológicos.