TIVA TV
En días recientes, el propio secretario de Salud admitió públicamente un hecho de enorme gravedad: nunca se enviaron pruebas a laboratorios especializados en Estados Unidos para confirmar si existe influenza en Puerto Rico, ni mucho menos para determinar qué tipo de influenza estaría circulando. Sin embargo, apenas días después de esa admisión, el mismo funcionario anunció que pronostica un aumento de casos de influenza tras las fiestas en San Juan.
Esta contradicción no es menor. Al contrario, expone una práctica peligrosa: emitir alertas sin evidencia científica confirmada. ¿Cómo se puede anticipar una epidemia cuando no existen pruebas debidamente analizadas por laboratorios especializados? La respuesta parece apuntar menos a la ciencia y más a la influencia.
Declarar una epidemia no es un asunto inocente. Una vez se activa ese escenario, se abren automáticamente múltiples puertas: contratos sin subasta, mayor discreción en el manejo de fondos públicos, poder extraordinario para imponer restricciones, campañas masivas de mercadeo de vacunas basadas en el miedo, y, por supuesto, una fuerte exposición mediática para los funcionarios que se convierten en los protagonistas del drama.
En una epidemia fabricada artificialmente, el pueblo rara vez es el beneficiado. Los verdaderos ganadores suelen ser los contratistas, los intermediarios y los funcionarios que administran la narrativa. Este patrón no es nuevo y se vuelve aún más sospechoso en el contexto actual: las políticas del Presidente Trump han truncado significativamente los contratos multimillonarios relacionados con vacunas del COVID y otros programas similares, afectando directamente a sectores que durante años vivieron del negocio de la salud pública.
En ese escenario de desespero económico, una nueva “emergencia” sanitaria llega como anillo al dedo. Una supuesta epidemia de influenza —no corroborada científicamente— se convierte en la excusa perfecta para reactivar presupuestos, justificar compras aceleradas y revivir un modelo que depende del miedo para sostenerse.
Por eso, cada vez más ciudadanos interpretan que no estamos ante una epidemia de influenza, sino ante una epidemia de influencias: presiones directas de intereses económicos sobre funcionarios del Departamento de Salud, orientadas a favorecer el mercadeo de vacunas y productos relacionados con la enfermedad.
A este clima de desconfianza se suma otro elemento inquietante. Muchos ciudadanos observan hoy el cielo cubierto de lo que describen como nubes artificiales o “chemtrails”, lo que, independientemente de la interpretación que se tenga, refleja un nivel profundo de sospecha pública. Cuando la población deja de confiar en las instituciones, cualquier mensaje oficial es recibido con escepticismo, sarcasmo o abierta burla.
Y es precisamente ahí donde el problema se vuelve irreversible. La credibilidad de los funcionarios de salud está completamente destruida por sus propias acciones. Han actuado de manera torpe, subestimando la inteligencia del pueblo. Esto se evidencia claramente en los mensajes que el Departamento de Salud publica en los medios y en las redes sociales promoviendo la vacunación, donde prácticamente el 100 % de las reacciones ciudadanas son de burla, incredulidad y rechazo.
Para la gente, el cuadro es evidente: todo se percibe como un circo de influencias, no como una política seria de salud pública. Un espectáculo diseñado para favorecer el mercadeo de vacunas, sostener contratos y mantener vigentes a los protagonistas de un drama que ya no logra ocultarse detrás del miedo.
