Pagos de farmacéuticas a Iris Cardona: Open Payments y conflicto de interés en Puerto Rico
Por Redacción TIVA TV (basado en investigación presentada por el periodista Jesús Rodríguez García en “Que No Se Diga, Que No Se Dijo”)
La discusión pública sobre vacunación y política de salud en Puerto Rico tiene un elemento que no se puede despachar como “opinión” o “chisme”: los conflictos de interés documentados. En el programa “Que No Se Diga, Que No Se Dijo”, el periodista Jesús Rodríguez García presentó una investigación sustentada en registros oficiales sobre pagos reportados por compañías farmacéuticas a la Dra. Iris Rebecca Cardona, una figura presentada ante el país como principal portavoz médico en temas de vacunación desde el aparato de salud pública.
Según lo expuesto en el programa, el análisis se apoya en la plataforma federal Open Payments, un sistema del gobierno de Estados Unidos diseñado para dar transparencia a las relaciones económicas entre la industria de la salud y proveedores médicos, y para ayudar a los pacientes a comprender posibles conflictos de interés y fomentar un sistema más responsable.
¿Qué es Open Payments y por qué importa?
Open Payments es una iniciativa nacional de transparencia de los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) que recopila y publica información sobre pagos e incentivos de la industria —incluyendo farmacéuticas— hacia proveedores médicos.
La lógica es simple: si una persona influye en decisiones clínicas o en política pública de salud, la ciudadanía debe poder evaluar si existe una relación económica con actores que se benefician de esas decisiones. De eso se trata la transparencia: conflictos de interés y responsabilidad institucional.
Un punto clave en la investigación: Cardona es contratista, no funcionaria
Uno de los elementos centrales señalados por Rodríguez García es que la Dra. Iris Cardona no es empleada regular del Departamento de Salud, sino contratista mediante contratos de servicios profesionales, con ingresos reportados de hasta $155,000 anuales, vinculados a fondos federales.
Según lo expuesto, sus funciones incluyen asesorar, diseñar, guiar y comunicar política pública de vacunación. Y aquí se plantea el punto ético: un contratista no representa neutralidad institucional automática; representa criterio profesional, y ese criterio —en un asunto de salud pública— debe estar libre de conflictos económicos.
Pagos reportados por farmacéuticas: año por año, “dólar por dólar”
El periodista indicó que los pagos no los “inventa” el reportaje: son reportados oficialmente por las compañías en Open Payments. En el programa se presentó un desglose por años y por empresas, incluyendo conceptos como alimentos y bebidas, consultorías, servicios profesionales, viajes y alojamiento.
2018: pagos fragmentados, pero constantes
Se reportó un total de $4,694.70 (21 pagos), incluyendo aportaciones de compañías como Sanofi Pasteur, Teva, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Pfizer y AstraZeneca, entre otras.
2019: el año de mayor concentración
En 2019, según lo presentado en el programa, la Dra. Cardona recibió $24,005.69 (44 pagos). Dentro de ese total:
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Pfizer: $15,811.61 en 24 pagos
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Merck: $7,942.56 en 16 pagos
El argumento del periodista no se limita a la cifra: plantea que cuando la persona que influye la política de vacunación tiene relaciones económicas con fabricantes de vacunas, existe un conflicto objetivo que debe ser explicado al país.
2020: el patrón no desaparece
Se mencionaron pagos pequeños, incluyendo un pago de $34.94 por alimentos y bebidas. La premisa en el análisis es que aunque el monto sea bajo, la relación económica existe.
2021: el año crítico sin reportes directos en Open Payments
El programa señaló que en 2021 —año de máxima intensidad de vacunación COVID— no aparecen reportes directos de farmacéuticas en Open Payments, y se mencionó que hubo pagos ligados a Medicare por servicios e incentivos en el sistema de vacunación.
2022: consultoría con fabricante de vacunas
En 2022, se reportó un total de $1,459.46 en seis pagos. El elemento destacado fue un pago de $1,200 clasificado como consultoría por Valneva USA, empresa que fabrica vacunas. El resto se describió como pagos repetidos de alimentos y bebidas.
2023: micropagos repetidos, no “consumo espontáneo”
En 2023 se reportaron $215.25 en siete pagos, todos asociados a alimentos y bebidas, distribuidos entre varias farmacéuticas.
2024: pagos bajos, pero persistencia
En 2024 se reportaron $303.53 en cuatro pagos, con una concentración mayoritaria atribuida a Sanofi según lo expuesto en el programa. También se resaltó la recurrencia de montos similares en años consecutivos por la misma entidad.
Total acumulado 2018–2024: cerca de $40,000
En el segmento, Rodríguez García indicó un total de $39,988.84 en pagos reportados entre 2018 y 2024.
Además, comparó ese total con datos mostrados en gráficas del propio análisis:
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la mediana de pagos a médicos en EE. UU. en ese período (según el programa) es de menos de $400,
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y en su especialidad, de menos de $150,
lo que coloca el caso como una diferencia de magnitud, no un “poco por encima del promedio”.
Implicaciones éticas: la pregunta no es “si es legal”, sino si es aceptable
El periodista fue explícito: estos pagos por sí mismos no constituyen ilegalidad. El señalamiento central es ético e institucional:
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Si quien define y promueve política pública de vacunación mantiene una relación económica con fabricantes, el conflicto de interés no depende del monto, sino de la función pública y del efecto social.
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Los micropagos repetidos —alimentos, bebidas, eventos, fracciones reportadas como viajes— reflejan continuidad de contacto y normalización del vínculo.
En un tema tan sensible como salud pública, el efecto más peligroso no es solo financiero: es la erosión de la confianza.
Contratos, guías y coherencia institucional
Otro punto destacado en el programa es que los contratos de Cardona con el Departamento de Salud requieren que la política de vacunación esté enmarcada en recomendaciones del CDC y el ACIP. Sin embargo, se discutió que públicamente se han hecho expresiones sobre seguir la Academia Americana de Pediatría.
El análisis presentado plantea que sustituir guías no necesariamente elimina la influencia económica, si las organizaciones también reciben financiamiento de farmacéuticas. Por eso, se insiste en transparencia, coherencia y rendición de cuentas.
Conclusión: transparencia para proteger al pueblo
La investigación presentada en “Que No Se Diga, Que No Se Dijo” coloca el tema donde debe estar: en el terreno de la transparencia. No se trata de imputar delitos; se trata de que el país tenga acceso claro a la realidad de las relaciones económicas entre quienes promueven política pública y quienes se benefician del mercado asociado a esa política.
La pregunta final, como se expresó en el programa, es institucional:
¿La política de salud pública se construye prioritariamente para proteger al pueblo, o coincide de forma sistemática con los intereses comerciales del ecosistema farmacéutico que mantiene relaciones económicas con figuras clave de esa política?
En TIVA TV entendemos que la salud del pueblo exige más que slogans: exige información, evidencia, y un sistema que rinda cuentas.
