8 años de prisión a líder de esquema millonario de fraude con fondos COVID-19 en Puerto Rico, en medio de nueva declaración de epidemia

San Juan, Puerto Rico – Hoy 29 de enero de 2026

Por José Joe Vargas

El Tribunal Federal de Puerto Rico emitió una sentencia contundente contra Manfred A. Pentzke Lemus, de 40 años y residente de Guaynabo, condenándolo a 97 meses de prisión federal (más de ocho años) por orquestar un esquema fraudulento multimillonario que abusó de los programas de ayuda económica federal durante la pandemia del COVID-19.

La jueza federal Aida M. Delgado-Colón dictó la sentencia el 28 de enero de 2026, ordenando además:

• El decomiso de $488,674.28

• El pago de una restitución por $2,185,519.85

a las entidades afectadas, principalmente la Administración de Pequeños Negocios (SBA) y Oriental Bank.

Detalles del esquema fraudulento

Pentzke Lemus, alias “Man”, “Contable” o “El Gestor”, se declaró culpable el 24 de septiembre de 2025 por:

• Conspiración para cometer fraude electrónico (18 U.S.C. § 1349)

• Conspiración por lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956(h))

Según los documentos judiciales, lideró una red que presentó cientos de solicitudes falsas a la SBA y Oriental Bank, explotando los programas:

• Paycheck Protection Program (PPP)

• Economic Injury Disaster Loan (EIDL)

ambos bajo la Ley CARES Act.

Un patrón que se repitió durante la pandemia

Un caso que nos hace reflexionar en el presente, pues se volvió costumbre el que tanto en carácter personal como de forma institucional, solicitaran grandes cantidades de dinero, utilizando la excusa del COVID, por lo que durante estos pasados cinco años se han conocido personas y hasta hospitales que declaraban relaciones con el COVID para accesar a dichos fondos.

El esquema de Manfred A. Pentzke involucró:

• Información financiera adulterada

• Planillas contributivas falsificadas

• Nóminas e ingresos ficticios

Pentzke coordinaba las aplicaciones, supervisaba aprobaciones y dirigía desembolsos.

Se aprobaron:

• 223 préstamos PPP fraudulentos por $5,915,290.33

• $3,105,300 en fondos EIDL

Los participantes pagaban kickbacks ilegales. Pentzke recibió 100 pagos por $486,277.70 a través de compañías controladas, disfrazados como transacciones legítimas para ocultar el origen del dinero y lograr el perdón de préstamos.

Declaraciones de las autoridades

“Explotar programas de emergencia para beneficio personal es inaceptable. Estos fondos debían sostener negocios y familias en crisis, no enriquecer a defraudadores”, afirmó el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow.

Dos coacusados ya fueron sentenciados y tres esperan juicio.

La investigación involucró a:

• Servicio Secreto de EE.UU.

• Inspector General de la SBA

• Departamento del Tesoro

• IRS – Criminal Investigations

• Departamento de Hacienda de Puerto Rico

• NIE

• Policía de Puerto Rico

• Policía Municipal de Guaynabo

El fiscal Daniel J. Olinghouse procesó el caso.

Emergencias sanitarias y acceso rápido a fondos

Este veredicto resalta un patrón preocupante: en varios países, incluidas crisis como la del COVID-19, las declaraciones de emergencia sanitaria facilitan el acceso rápido a fondos públicos con controles reducidos, creando oportunidades para irregularidades, desvíos o fraudes.

La urgencia y la flexibilidad en aprobaciones y contrataciones —a menudo sin subastas o procesos competitivos— han sido criticadas internacionalmente, ya que reducen la transparencia y aumentan riesgos de malversación.

El contexto actual en Puerto Rico

En Puerto Rico, este escenario parece repetirse con la declaración de epidemia por parte del Dr. Víctor Ramos.

Poco después, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Orden Ejecutiva 2026-005, declarando estado de emergencia y delegando en Ramos la coordinación de las medidas.

Esto activa:

• Acceso a fondos de emergencia estimados entre $2.1 y $2.3 millones

• Aproximadamente $1.2 millones federales

• Contrataciones y compras sin subasta

• Exención de trámites administrativos ordinarios

• Reasignación de fondos, incluida la Reserva de Emergencia

• Presupuesto especial

Estas medidas han generado preocupación en sectores críticos sobre si la magnitud de las enfermedades justifica plenamente la emergencia o si facilita contratos directos sin competencia.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

Aunque las autoridades enfatizan prevención mediante vacunación masiva, higiene y campañas educativas alineadas con criterios del CDC, la coincidencia temporal con la sentencia por fraude COVID revive debates sobre el uso de emergencias para movilizar recursos con menor escrutinio.

• Este caso y el contexto actual subrayan la necesidad de una vigilancia estricta por parte de la ciudadanía a través de medios de comunicación independientes, pues se ha demostrado que en otros casos la atención gubernamental ha dejado sin llevar a juicio eventos que involucraron diversas corporaciones privadas y públicas, donde se discutieron públicamente manejos irregulares de fondos durante crisis sanitarias.