California y la autoridad de los padres: ¿Estamos cediendo demasiado poder al Estado?

La autoridad de los padres bajo amenaza

Durante siglos, la familia ha sido reconocida como el núcleo fundamental de la sociedad. Los padres no solo tienen el privilegio de criar a sus hijos; también tienen el deber de alimentarlos, protegerlos, guiarlos, educarlos y responder legalmente por ellos. Esa responsabilidad ha estado tradicionalmente acompañada del derecho de tomar las decisiones más importantes relacionadas con su bienestar.

Sin embargo, considero que ese principio está siendo cuestionado por leyes que, poco a poco, trasladan parte de esa autoridad hacia el Estado y sus representantes.

California es uno de los ejemplos que más debate ha generado.

Cuando la última palabra deja de estar en manos de los padres

Las leyes vigentes en California permiten que, en determinadas circunstancias, ciertos menores puedan recibir algunos servicios médicos a espalda y secreto de sus padres. Además, en situaciones contempladas por la ley, un profesional de la salud puede determinar que determinada información médica no sea compartida con los padres si considera que divulgarla podría afectar el bienestar del menor o la relación terapéutica.

Aunque sus defensores argumentan que estas disposiciones buscan proteger a menores en situaciones vulnerables, nuestra preocupación es distinta.

Desde nuestra perspectiva, cuando un profesional de la salud tiene la facultad de impedir que un padre conozca información médica sobre su propio hijo, la autoridad parental deja de ser la instancia final y pasa a depender del criterio de un tercero.

¿Quién responde por nuestros hijos?

Los padres son y deben ser siempre quienes sostienen moralmente y defienden los valores de sus hijos.

Son quienes responden por su alimentación, su vivienda, su educación, su disciplina y, en muchos casos, también por las consecuencias legales de sus actos mientras son menores de edad.

Sin embargo, cuando llega el momento de tomar determinadas decisiones relacionadas con la salud, la ley quiere permitir que el criterio de un profesional prevalezca sobre el de los padres.

Esa contradicción merece ser discutida.

Si los padres continúan siendo plenamente responsables por sus hijos, también deberían conservar la autoridad principal para participar en las decisiones relacionadas con su bienestar, salvo que exista una determinación judicial que establezca abuso, negligencia o incapacidad.

El debido proceso debe proteger a las familias

Ninguna sociedad puede funcionar sin mecanismos para proteger a los menores que realmente sufren abuso o abandono.

Cuando eso ocurre, el Estado tiene la obligación de intervenir.

Pero considero que esa intervención debe realizarse mediante el debido proceso, con supervisión judicial y con evidencia objetiva, no únicamente mediante la decisión administrativa o profesional de una sola persona.

La protección de un menor y el respeto a los derechos de los padres no deberían verse como objetivos incompatibles.

La confianza en las instituciones también se construye

Vivimos en una época en la que la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones públicas ha disminuido.

Los escándalos de corrupción, los cambios constantes en políticas públicas y las controversias relacionadas con temas educativos, sanitarios e ideológicos han provocado que numerosas familias miren con creciente desconfianza la expansión del poder del Estado sobre asuntos que tradicionalmente pertenecían al ámbito familiar.

Desde mi perspectiva, esa realidad hace aún más importante preservar el derecho de los padres a participar plenamente en las decisiones relacionadas con la salud y el desarrollo de sus hijos.

Nuestra opinión

Considero que ningún profesional de la salud, por preparado o bien intencionado que sea, debería sustituir la autoridad de un padre o una madre que no ha sido declarado por un tribunal como abusador, negligente o incapaz.

Los padres somos quienes amamos, críamos, y respondemos por nuestros hijos.

Si el Estado desea asumir cada vez más autoridad sobre los menores, entonces que conciba y críe a sus propios hijos.

La fortaleza de una sociedad comienza en la familia. Debilitar la autoridad de los padres no fortalece a los niños; por el contrario, abre la puerta a que decisiones fundamentales sobre su vida dependan cada vez más del criterio del Estado y menos de quienes tienen el deber permanente de velar por ellos.

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