El alcalde de San Juan, Miguel Romero, declaró en una reciente entrevista televisiva que la Guardia Municipal no coopera con ICE en la deportación de inmigrantes ilegales identificados por cometer delitos previos. Romero fue más allá al explicar que, cuando la Policía Municipal, bajo su jurisdicción directa, detiene a un individuo en un acto criminal, no notifica a las autoridades estatales ni a la Policía de Puerto Rico. En su lugar, se informa al consulado del país de origen del transgresor.
Esto plantea una serie de preguntas inquietantes: ¿Qué ocurre con estos individuos una vez que son reportados al consulado? ¿Son liberados sin enfrentar consecuencias legales? ¿Qué acciones toma el consulado al recibir estos reportes? Esta política podría estar permitiendo que criminales continúen en libertad y alentando a otros delincuentes a presentarse como indocumentados para evadir el sistema judicial.
El caso de San Juan no es aislado. Otras ciudades santuario, como Chicago, adoptan medidas similares que han sido objeto de controversia. Recientemente, cámaras de televisión acompañaron al Dr. Phil y un equipo de ICE durante operativos en Chicago, donde arrestaron a criminales peligrosos, incluidos pedófilos y agresores sexuales. Entre ellos se encontraba un inmigrante ilegal de Taiwán con antecedentes de posesión de pornografía infantil, quien ha sido liberado en múltiples ocasiones gracias a las protecciones de las políticas de estas ciudades.
Mientras tanto, algunos medios de comunicación principales han enfocado su cobertura en criticar a los agentes de ICE que trabajan para sacar a estos delincuentes de las calles que han sido previamente identificado como criminales. Además, han generado confusión y temor entre los inmigrantes legales, alimentando el pánico con la narrativa falsa de que serán deportados, todo en un aparente esfuerzo por desacreditar las políticas de la administración del presidente Trump o vender su noticiario.
La preocupación es grave: ¿están estas ciudades priorizando proteger a los criminales por encima de la seguridad pública? La falta de cooperación con ICE no solo obstaculiza los esfuerzos por combatir el crimen, sino que también podría poner en riesgo a comunidades enteras. En un momento en que las políticas de inmigración están en el centro del debate nacional, las acciones de estas ciudades plantean serias interrogantes sobre su compromiso con la justicia y la seguridad ciudadana.
¿La próxima vez que sea usted víctima de un crimen en San Juan, será el responsable un criminal protegido por ser indocumentado? El alcalde tiene mucho que aclarar.