Estudios científicos: la coartada del fraude farmacéutico
“Los estudios científicos, especialmente en el campo de la salud, están dominados por la industria farmacéutica. La inmensa mayoría se financia para desarrollar, respaldar o justificar medicamentos y vacunas, no para intentar demostrar que podrían ser innecesarios o causar más daños que beneficios.”
Cuando alguien afirma que “no existen efectos adversos” o que “todo está científicamente probado”, pocas veces se pregunta quién produjo esa evidencia, quién pagó por ella, con qué propósito se realizó el estudio y cómo llegó esa información hasta los organismos reguladores.
En nuestra opinión, la frase “enséñame los estudios científicos” se ha convertido en la gran coartada del sistema farmacéutico: una exigencia aparentemente razonable que muchas veces se utiliza para descartar testimonios, observaciones clínicas, datos empíricos y preguntas legítimas sin siquiera examinarlos.
Este artículo está dedicado a quienes afirman constantemente que no existe evidencia científica de que las vacunas puedan causar efectos adversos o que repiten, como si fuera una verdad absoluta, que sus beneficios siempre superan cualquier riesgo.
Antes de entrar en esa discusión, conviene formular una pregunta muy sencilla:
¿Cuánto costaría realizar un estudio verdaderamente independiente para investigar los posibles efectos adversos de una sola vacuna?
La mayoría de quienes exigen “los estudios científicos” jamás se ha detenido a pensarlo.
El costo de estudiar una sola vacuna
Sí, una sola vacuna.
No estamos hablando de estudiar todas las vacunas incluidas en el calendario de vacunación. Nos referimos exclusivamente a una vacuna específica.
Si se quisiera realizar un ensayo clínico aleatorizado, controlado y doble ciego, con una muestra suficientemente grande y un seguimiento prolongado para evaluar rigurosamente sus posibles efectos adversos, el costo sería gigantesco.
Entre los gastos necesarios se encontrarían:
- Diseño completo del protocolo científico.
- Bioestadísticos.
- Comités de ética.
- Registro del estudio.
- Reclutamiento de miles de participantes.
- Hospitales y centros de investigación.
- Personal médico y de enfermería.
- Seguimiento durante años.
- Laboratorios especializados.
- Estudios de imagen.
- Evaluaciones neurológicas.
- Evaluaciones cardiovasculares.
- Monitoreo independiente.
- Sistemas electrónicos certificados.
- Auditorías.
- Seguros.
- Investigación individual de cada evento adverso.
- Análisis estadístico final.
- Redacción científica.
- Publicación.
Solamente el seguimiento clínico durante dos años podría costar entre 80 y 250 millones de dólares.
El reclutamiento de los participantes podría superar los 30 millones. Los laboratorios especializados podrían representar otros 80 millones, mientras que las evaluaciones clínicas y diagnósticas añadirían decenas de millones más.
Al sumar todos estos gastos, estimamos que un estudio de esta magnitud sobre una sola vacuna podría costar entre 300 y 450 millones de dólares.
Dependiendo de la cantidad de participantes, las pruebas realizadas y la duración del seguimiento, podría superar fácilmente los 500 millones de dólares.
¿Quién pagaría por un estudio que podría perjudicar el negocio?
Aquí aparece la verdadera pregunta.
Las compañías invierten cientos de millones de dólares cuando esperan recuperar su inversión mediante la venta de un producto, una patente o una tecnología.
Pero un estudio destinado exclusivamente a buscar posibles daños de una vacuna ya comercializada no produce una patente nueva, no genera regalías, no abre otro mercado y tampoco garantiza beneficios económicos.
Por el contrario, sus resultados podrían cuestionar el producto, reducir sus ventas o provocar reclamaciones.
Entonces, ¿qué empresa privada estaría dispuesta a invertir voluntariamente cientos de millones de dólares en una investigación que podría perjudicar sus propios intereses?
Esa es precisamente una de las razones por las cuales, en nuestra opinión, resulta tan conveniente utilizar la ausencia de esos estudios independientes como coartada: primero no se financia la investigación necesaria y luego se señala su inexistencia como prueba de que el problema no existe.
¿Y las universidades o los gobiernos?
Las universidades no disponen de cientos de millones de dólares para financiar por sí solas una investigación de esta magnitud.
En muchos casos, fundaciones privadas o colaboraciones con la propia industria farmacéutica para desarrollar estudios a gran escala. Esa dependencia económica plantea una pregunta inevitable sobre cuánta independencia real puede existir cuando quien investiga necesita recursos provenientes de sectores con intereses comerciales en los resultados.
Los gobiernos también distribuyen sus presupuestos entre numerosas prioridades de salud pública. Conseguir cientos de millones de dólares para estudiar posibles daños de un producto que las propias autoridades ya aprobaron y recomiendan puede resultar extremadamente difícil. Aún peor, las casas farmacéuticas y los representantes de sus productos suelen beneficiar a funcionarios públicos con incentivos, viajes y otras ventajas.
De esta manera, el sistema queda atrapado en un círculo muy conveniente: no se asignan los recursos suficientes para realizar una investigación independiente, pero posteriormente se exige esa misma investigación para reconocer que podría existir un problema.
Supongamos que aparece un multimillonario
Imaginemos que una persona con recursos prácticamente ilimitados decide pagar completamente el estudio.
Todavía quedaría otro obstáculo: conseguir su publicación y aceptación dentro del sistema científico.
Los estudios de alto impacto aspiran a publicarse en revistas reconocidas y deben someterse a revisión por pares. Ese proceso implica un escrutinio metodológico riguroso y no garantiza que el manuscrito sea aceptado.
Como parte de nuestra opinión editorial, sostenemos que una investigación cuyos resultados contradigan intereses económicos e institucionales extremadamente poderosos podría enfrentar una resistencia mucho mayor que aquella que confirme la narrativa establecida.
Por eso, el dinero no sería el único obstáculo. También habría que superar las estructuras académicas, regulatorias y editoriales dentro de las cuales circula y se legitima la información científica.
¿De dónde surge la información oficial sobre los efectos adversos?
Gran parte de la información oficial sobre los efectos adversos procede de los propios fabricantes, quienes deben presentar datos de seguridad ante las agencias reguladoras durante los procesos de aprobación y vigilancia de sus productos.
En nuestra opinión, esa documentación también funciona como protección jurídica frente a posibles reclamaciones por omisión: el fabricante puede argumentar posteriormente que determinados riesgos estaban incluidos entre las advertencias del producto.
Sin embargo, esos eventos suelen presentarse como “poco frecuentes”, “muy raros” o estadísticamente insignificantes. De esta manera, se reconoce lo necesario para protegerse de responsabilidad, mientras se conserva ante el público la percepción de que el riesgo es prácticamente inexistente.
Ahí está la coartada perfecta: los propios fabricantes generan o financian buena parte de la evidencia utilizada para respaldar sus productos, presentan los riesgos de la manera más favorable posible y luego esa misma información se emplea para afirmar que “la ciencia ya decidió”.
“Enséñame los estudios científicos”
Cuando alguien argumenta “enséñame los estudios científicos”, muchas veces no está buscando respuestas. Está imponiendo una condición que sabe —o debería saber— que resulta prácticamente imposible satisfacer.
Es muy fácil exigir una investigación que podría costar cientos de millones de dólares, requerir años de seguimiento y que casi ninguna institución tiene el dinero o el interés económico para financiar.
Esa persona probablemente no sabe cómo se hacen los estudios, cuánto cuestan, quién los paga ni para qué se realizan. Sin embargo, repite la frase como si con ella hubiera ganado automáticamente el debate.
En la mayoría de los casos, exigir “los estudios” no es un argumento. Es un subterfugio para evitar examinar los testimonios, las observaciones clínicas, los informes de eventos adversos y la evidencia empírica disponible.
No se financia la investigación independiente y después se utiliza su ausencia para afirmar que el daño no existe.
Esa es la coartada.
Conclusión
En nuestra opinión, quien utiliza la frase “no hay estudios” como respuesta automática suele pertenecer a uno de dos grupos: quienes desconocen completamente cómo se financia y desarrolla la investigación científica, o quienes emplean esa exigencia como su último refugio para descalificar cualquier evidencia que contradiga su posición.
Exigir un estudio de cientos de millones de dólares como condición para siquiera permitir una discusión no es pensamiento crítico. Es levantar una barrera para evitar debatir las preguntas incómodas.
La ausencia de un gran estudio independiente no demuestra que un daño no exista. Puede significar, sencillamente, que nadie con los recursos necesarios tuvo el interés, el incentivo o la voluntad de investigarlo.
Cuando la industria financia los estudios utilizados para respaldar sus propios productos, cuando los posibles riesgos se minimizan y cuando la falta de investigaciones independientes se presenta como prueba de seguridad, los estudios dejan de ser una herramienta científica.
Se convierten en la coartada perfecta del fraude farmacéutico.
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